Contraloría ordena proceso penal a gerente de la Oficina Regional de Defensa Nacional de Amazonas
La Contraloría General de la República ordenó el inicio de acciones legales contra Pablo Vega Tafur, gerente de la Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres (DENAGRD) del Gobierno Regional de Amazonas, por presuntas irregularidades en la Licitación Pública Abreviada N.° 22-2025-GRA/C-1, convocada para adquirir chalecos y gorros por un valor referencial de S/ 399 963,20.
Comité manipuló ofertas pese a estar por debajo del valor referencial
El Informe de Control Específico N.° 030-2026-2-5331-SCE evaluó el procedimiento desarrollado entre el 18 de noviembre y el 18 de diciembre de 2025. De los 47 postores inscritos, 10 presentaron propuestas económicas. El órgano de control concluyó que el comité de selección solicitó a algunos participantes reducir sus ofertas o sustentar sus costos, a pesar de que varias propuestas ya se encontraban por debajo del valor referencial establecido.
El caso más visible es el de la empresa GD Impacto S.A.C., cuya oferta pasó de S/ 396 586,40 a S/ 339 226,00, una reducción de S/ 57 360,40. La Contraloría incluyó esta situación entre las observaciones centrales del informe.
Vega Tafur no solo es el gerente de la oficina que convocó la licitación, sino también miembro del comité especial de selección, lo que lo ubica directamente en el proceso cuestionado.
Un patrón que se repite en la misma gerencia
Esta no es la primera vez que la Contraloría detecta irregularidades en la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Amazonas. En una investigación anterior, el órgano de control advirtió presuntos actos de colusión en la adquisición de 23 bienes de ayuda humanitaria por S/ 1 millón 552 mil 282, contratados con la empresa Group Holding Chaska E.I.R.L.
Durante una inspección realizada el 6 de octubre de 2025 en los almacenes regionales, la comisión de control verificó que de las 56 carpas familiares adquiridas solo se hallaban 43: faltaban 13 unidades que el Estado ya había pagado. El informe señala que esas carpas habrían sido ingresadas al almacén días después de la inspección, lo que es materia de investigación.
A eso se suma que la garantía de fiel cumplimiento fue devuelta íntegramente al proveedor pese a que el retraso en la entrega generaba una penalidad por mora de S/ 155 228, lo que habría ocasionado ese perjuicio económico al Estado.