ONU reconoce por primera vez la violencia reproductiva como una forma específica de violencia de género
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por consenso, el 14 de julio de 2026, la resolución A/HRC/62/L.21/Rev.1, convirtiéndose en el primer documento final negociado del sistema ONU que reconoce explícitamente la violencia reproductiva como una forma específica de violencia de género. El texto aplica especialmente a mujeres y niñas en contextos humanitarios.
Qué prácticas reconoce la resolución como violencia reproductiva
La resolución nombra de forma concreta: la anticoncepción forzada o la negación del acceso a anticonceptivos, el embarazo forzado, el aborto forzado y la esterilización forzada. Incluye, además, los casos en que estas prácticas se utilizan con la intención de destruir a un grupo, lo que conecta el concepto con los estándares del derecho internacional humanitario.
El texto también exige que los Estados y la comunidad internacional fortalezcan mecanismos accesibles, seguros y confidenciales de denuncia, derivación y atención para las sobrevivientes, con un enfoque centrado en las víctimas y sensible al género, la edad y la discapacidad.
Para la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), nombrar la violencia reproductiva permite visibilizar una forma de violencia que durante años permaneció insuficientemente reconocida, y fortalece las herramientas para su prevención, la protección de sobrevivientes y la rendición de cuentas.
Qué significa este reconocimiento para los Estados
Las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos no modifican por sí solas las legislaciones nacionales, pero sí consolidan estándares internacionales que orientan la actuación de los gobiernos y refuerzan el trabajo de la sociedad civil.
Jennifer Alfaro, coordinadora de Estudios y Litigio Estratégico de Corporación Humanas, señala que nombrar estas violencias «refuerza la obligación de los Estados de prevenirlas, investigarlas, sancionarlas y reparar a las víctimas», y fortalece el argumento de que la autonomía reproductiva es un derecho humano y no un privilegio sujeto a barreras o discriminación.
Siomara Molina, vocera de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, añade que el reconocimiento «involucra reconocer la obligación de los Estados de garantizar el acceso efectivo a los derechos sexuales y reproductivos».
Un contexto que también interpela a la realidad de Amazonas
El reconocimiento internacional llega en un momento en que la región Amazonas registra sus propios desafíos en materia de derechos reproductivos y violencia de género. En Condorcanqui, el Consejo de Mujeres Awajún Wampis lleva años denunciando una ola de violencia sexual contra niñas y adolescentes: más de 520 denuncias contra escolares en 15 años y un preocupante aumento de VIH infantil forman parte de ese cuadro. En junio pasado, la presidente del Consejo, Rosmery Pioc, denunció además la liberación de un abogado de la Defensoría Pública investigado por presunta agresión sexual contra una adolescente de 14 años en Santa María de Nieva.
La Instancia de Concertación Regional de Amazonas acordó en junio de 2026 nuevas medidas de articulación institucional y protocolos de atención para reforzar la protección de mujeres en la región. El estándar que acaba de aprobar la ONU puede convertirse en un argumento adicional para quienes desde la sociedad civil exigen que esas medidas se concreten.