Tribunal internacional ordena frenar el Lote 64 en territorios indígenas de Loreto y Amazonas
El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza exigió al Estado peruano suspender toda acción destinada a reactivar el Lote 64, yacimiento petrolero ubicado en Morona, provincia Datem del Marañón, en Loreto, cuya concesión se superpone con territorios de las naciones achuar, wampis y chapra. El fallo se dio a conocer el pasado jueves tras una audiencia celebrada en Puyo, Ecuador, en el marco del XII Foro Social Panamazónico, y representa el respaldo internacional más contundente a 33 años de resistencia indígena contra la explotación de ese lote.
Un lote que se superpone al cien por ciento con nueve comunidades
El Lote 64 abarca territorios donde conviven 22 comunidades indígenas; en el caso de nueve de ellas, la superposición alcanza el cien por ciento de sus tierras. Desde hace más de tres décadas, las naciones achuar, wampis y chapra se han opuesto a cualquier intento del gobierno peruano y de empresas privadas de poner en marcha la explotación, argumentando que la actividad petrolera contamina sus fuentes de agua, destruye la vida silvestre y amenaza la base de su subsistencia.
"Rechazamos porque para nosotros es contaminación de la naturaleza. Perjudica la vida de la humanidad, trae muchas enfermedades, y contamina nuestros ríos, bosques, nuestras chacras, que son mercados, farmacias, la base de la subsistencia de nuestras comunidades", declaró Elmer Kunchim, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), ante el tribunal.
Olivia Bisa Tirko, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, fue más directa al señalar los efectos que han visto en pueblos vecinos: "Sus hijos tienen plomo, cadmio, metales pesados en su sangre, tienen su futuro contaminado y no queremos eso para nosotros y nuestros descendientes". Bisa recordó que sus propias comunidades sufrieron derrames de crudo en 2016, 2019, 2022 y 2024 provocados por el Oleoducto Norperuano, operado por Petroperú, y por el Lote 192.
El fallo y lo que exige al Estado peruano
El tribunal, integrado por Francesco Martone, Patricia Gualinga, Natalia Greene, Mario Melo y Pablo Solon, reconoció los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales. La jueza Tatiana Roa anunció la sentencia, que demanda al Estado peruano cuatro acciones concretas: suspender la reactivación del Lote 64, respetar el derecho a la consulta y al consentimiento previo libre e informado, restaurar los ecosistemas dañados, y garantizar que los defensores territoriales puedan actuar sin amenazas ni persecución.
La decisión también ordenó remitir el fallo al sistema interamericano de derechos humanos, donde ya existe una petición sobre la nulidad del lote, así como a otros organismos internacionales. En la audiencia intervino Pedro Arrojo, Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento.
El tribunal fue convocado por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza en el marco del XII Foro Social Panamazónico, que reúne a pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades locales y movimientos sociales de la cuenca amazónica. En esta edición se analizaron seis casos vinculados a impactos de la extracción de combustibles fósiles en la región.
Décadas de incumplimientos y un operador en crisis
El fondo legal del conflicto es claro: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo rige en Perú desde 1995 y obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas ante cualquier proyecto que afecte sus derechos colectivos. Las organizaciones achuar, wampis y chapra denunciaron que Petroperú y sus socios, entre ellos la empresa Geopark y sus antecesoras, vulneraron ese derecho de manera sistemática.
El estudio de impacto ambiental que Geopark presentó en 2018 recibió más de cien observaciones, varias de ellas formuladas por la FENAP y la Nación Wampis, que alertaron sobre plagios de Wikipedia, ausencia de reconocimiento de pasivos ambientales, deficiencias en la gestión de residuos e información insuficiente sobre el traslado de crudo por el río Morona. Geopark se retiró en 2020 y desde entonces Petroperú opera como único responsable del lote mientras busca un socio comercial para retomarlo, todo ello en medio de una prolongada crisis financiera que la empresa arrastra.
El contexto regional agrava el panorama. Según la investigación "Las sombras de los hidrocarburos", entre 1997 y mayo de 2023 se registraron 1.460 derrames y fugas de hidrocarburos en el país, el 57 por ciento en la Amazonía. Loreto fue la región más afectada, con 707 derrames. El Lote 64 forma parte de la ruta norte del petróleo, que incluye el Oleoducto Norperuano y dos refinerías de Petroperú.
El fallo del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza no tiene carácter vinculante en el derecho peruano, pero su peso ético y político llega en un momento en que Petroperú enfrenta cuestionamientos sobre su viabilidad y el Estado aún no ha dado respuesta definitiva a las demandas de los pueblos de la Amazonía norperuana.
*Fuente: La República