Durante la jornada informativa desarrollada con medios de comunicación para dar el balance de gestión del control gubernamental en el 2021, se informó que, con los informes de control posterior, bajo la modalidad de Auditoría de Cumplimiento (AC) y Servicios de Control Específico (SCE), se examinaron recursos públicos en las siete provincias de la región, la Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/1 336 892.
Además, dieron a conocer que el año pasado se concluyeron 1029 informes de control gubernamental, de los cuales 630 corresponden al control simultáneo, con el que se alertaron situaciones adversas a los gestores públicos, y 399 son de control posterior, que identifican irregularidades y a sus responsables.
“Con la ejecución de servicios de control posterior identificamos numerosos hechos irregulares en las entidades públicas, con la presunta responsabilidad administrativa, civil y/o penal de 57 funcionarios y servidores públicos. En total hemos identificado 107 responsabilidades, de las cuales 52 son administrativas, 29 son civil y 26 son de índole penal”, señaló el Gerente Regional de Control, Frank Venero Torres.
Los informes de control simultáneo permitieron detectar un total de 1157 situaciones adversas en diversas entidades públicas y el 46% (526 situaciones adversas) se detectaron gracias a la modalidad de control concurrente que ejecuta la Contraloría, con la cual se brinda un acompañamiento a las intervenciones públicas.
Sin embargo, el Gerente Regional, Frank Venero Torres, lamentó que en el 68% (789) de situaciones adversas detectadas no se han tomado acciones preventivas o correctivas por parte de los gestores públicos, mientras que en el 32% (368) si se tomaron acciones para resolverlas o están en proceso de concretarse.
