El premier Guido Bellido anunció ayer que este miércoles 29 de setiembre, el Gobierno retirará la demanda de inconstitucionalidad que se interpuso contra la Ley 31131, la cual elimina progresivamente el régimen CAS (contratos administrativos de servicios) e incorpora a decenas de miles de trabajadores que se encuentran bajo dichos contratos a la planilla de las entidades del Estado.
“Hemos estado con las centrales obreras y el día miércoles estamos retirando la demanda del CAS [que se presentó ante el Tribunal Constitucional] del anterior Gobierno, para que esa norma se aplique a todos los trabajadores del Estado y que todos sus derechos sean respetados y que no estén desprotegidos”, explicó.
“No podemos permitir que leyes agresivas como el CAS (sigan operando). Nos vamos a comprar ese pleito. CAS nunca más”, comentó el presidente Castillo el sábado, durante un encuentro con dirigentes sindicales organizados por el cuestionado ministro de Trabajo, Iber Maraví.
El Dato: El régimen CAS se inició bajo el segundo Gobierno de Alan García, en el 2008, y son contratos que realiza el Estado, pero por tiempo limitado y que debían renovarse cada cierto tiempo, lo que generaba la inestabilidad laboral.
Se opuso
Como se recuerda, esta demanda fue interpuesta por el Gobierno del presidente Francisco Sagasti, bajo el argumento que el Congreso no podía emitir una norma que afecte el presupuesto público y que fue considerada como las leyes populistas del anterior Congreso.
Según estimaciones del propio del Ministerio de Economía y Finanza (MEF). la autógrafa generará un sobrecosto al Estado por más de 4,200 millones soles, lo cual fue parte del sustento principal para presentar la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
A inicio de este mes, el ministro de Trabajo, Iber Maraví, planteó la Agenda 19, con el mismo número de puntos en el que se planteaba el retiro de la demanda de inconstitucionalidad en el caso del CAS.
Expresó que estaban incorporando un equipo técnico para trabajar en la reglamentación, aunque no dependía directamente de su cartera porque todos los sectores del estado están habilitados para contratar bajo el régimen CAS, que fue rechazado por los trabajadores porque no contemplaba la acumulación por tiempo de servicios.