Contraloría General de la República detecta irregularidades en Emusap
Luego de la gran cantidad de reclamos que viene recibiendo la Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas S.R.L. por parte de la población chachapoyana, la semana pasada recibió la visita de la Contraloría General.
El órgano de control detectó un perjuicio económico acumulado de S/ 954,255.00 en la Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento (EPS)de la ciudad de Chachapoyas debido al incremento irregular de la remuneración básica a trabajadores y la aplicación de multas.
Según el informe de Servicio de Control Específico N° 007-2022-2-0328-SCE, se advirtió que funcionarios y servidores de Emusap, bajo coordinación previa, incrementaron la remuneración básica y el otorgamiento de bonificación por cierre de pacto colectivo a favor de los trabajadores que incluyó a personal ejecutivo con cargos de dirección, lo cual está prohibido en la legislación que regula las remuneraciones y bonificaciones en las entidades y empresas del Estado.
De este modo, los trabajadores se beneficiaron con incrementos de S/ 500 a partir de marzo del 2015, otros S/ 150 desde marzo de 2017 y S/ 300 adicionales a partir de marzo del 2018, de igual manera, se les brindó una bonificación irregular por cierre de pacto colectivo a 34 trabajadores, por el importe de S/ 500 en el año 2018, haciendo un total de S/ 17,000.00.
Asimismo, cabe recalcar que todos estos pagos se realizaron sin contar con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ocasionando así un perjuicio económico al Estado por S/ 954,255.00.
En todas estas desviaciones financieras, las comisiones de control encontraron presuntas responsabilidades en un total de 12 personas, entre los cuales hay tres exfuncionarios y dos trabajadores actuales de EMUSAP.
Los resultados de los servicios de control posterior a las EPS de Chachapoyas fueron comunicados a la Procuraduría Pública de la Contraloría General, con la finalidad de iniciar las acciones civiles y se determinen las responsabilidades.
Con estas acusaciones se puede afirmar que la empresa no solo otorga un pésimo servicio a sus usuarios, si no también tiene que rendirle cuentas al estado por todos los presuntos actos ilegales que se vienen procesando en su contra.