Tras días de coordinación, dirigentes y manifestantes accedieron el ingreso de personal operativo al punto de corte de la tubería, registrado en Condorcanqui – Amazonas
Después de nueve días desde que se produjo un atentado contra el Oleoducto Norperuano, el último viernes 27 de enero, Petroperú logró que los dirigentes de la zona, personal operativo y sus contratistas ingresen para contener la fuga de crudo con la colocación de una grapa metálica.
En esta acción estuvieron presentes supervisores del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), asimismo como parte del Plan de Contingencia de Petroperú, personal desplegado en la zona continuará con los trabajos de reparación de la tubería, así como de contención y recuperación del crudo derramado como consecuencia de este evento provocado por un corte intencional, registrado el pasado 18 de enero.
Cabe señalar que desde que se conoció este ataque, personal especial de Petroperú se ha mantenido vigilante en las inmediaciones, con las herramientas y equipos necesarios para cerrar el oleoducto e iniciar los trabajos para contener el crudo y de esta forma evitar su expansión a otras áreas, sin embargo, se les impidió el ingreso por la oposición de algunos líderes y manifestantes de la zona, lo que retrasó su trabajo.
De igual manera, mientras se lograba la coordinación para ingresar al punto de origen del derrame, Petroperú inició la instalación de barreras de contención en el río Chiangos, luego de la aprobación de otras comunidades vecinas, evitando así que se siguiera expandiendo el crudo.
La empresa petrolera recordó que, ante este corte deliberado, manifestantes protagonizaron varios ataques a la tubería de la ONP desde el 14 de enero, cuyas imágenes circularon a nivel nacional en redes sociales y medios de comunicación, como parte de las protestas realizaron actos en contra del oleoducto en el kilómetro 389 del Tramo II, a causa de estos antecedentes Petroperú ha interpuesto las denuncias correspondientes.
Por medio de un comunicado la empresa hace un llamado a las comunidades a permitir el ingreso de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público para investigar e identificar a los responsables de este hecho delictivo, que ha tenido un grave impacto en el medio ambiente y las comunidades vecinas.
