La Contraloría General identificó diversos riesgos existentes en la prestación del servicio de limpieza pública en 20 municipalidades de la región Amazonas, relacionados a los procesos de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, producto del operativo de control “Por una Ciudad Limpia y Saludable”, realizado el entre el 28 de enero y el 1 de febrero del presente año.
Las visitas preventivas realizadas a las 7 municipalidades provinciales y 13 municipalidades distritales de la región Amazonas, buscan alertar oportunamente a las nuevas autoridades ediles, los problemas detectados en el recojo de los residuos sólidos, a fin de que los mismo ejecuten las medidas correctivas pertinentes para superar los riesgos identificados por la Contraloría General.
Entre las comunas con mayor número de riesgos identificados se encuentran Florida (12), Cumba (8), Imaza (8), Jalca (7), Leimebamba (7), Bongará (7) y Camporredondo (7).
Cabe mencionar que las 20 municipalidades han sido notificadas oportunamente sobre los resultados del operativo por medio de la Gerencia Regional de Control de Amazonas y los Órganos de Control Institucional (OCI).
Resultados del operativo
Entre los principales riesgos identificados en el operativo “Por una Ciudad Limpia y Saludable”, en las 20 municipalidades visitadas, estos son los riesgos más relevantes porque pueden afectar el medio ambiente y la salud de la población.
1) La mayoría de municipalidades vienen realizando la disposición final de los residuos en lugares inadecuados, afectando la calidad ambiental de la zona al degradar los suelos y poner en riesgo los acuíferos de la zona y por ende la salud de las personas que consumen de dicha agua o se ven afectadas por la quema de residuos en dichos botaderos.
Entre los casos identificados tenemos a la municipalidad provincial de Chachapoyas, municipalidad distrital de Imaza, municipalidad distrital de Yambrasbamba, municipalidad distrital de Florida y municipalidad distrital de Cumba.
El uso de botaderos contraviene la Ley de Gestión de Residuos Sólidos que prohíbe el abandono, vertido o disposición de residuos sólidos en lugares no autorizado, los cuales deben ser clausurados por la municipalidad provincial en coordinación con la municipalidad distrital respectiva.
2) Presencia de residuos sólidos peligrosos de los centros de salud, y en botaderos, genera el riesgo de afectar la salud del personal de servicio de limpieza y la población adyacente, además de contaminar el medio ambiente (suelos degradados con sustancias toxicas).
Se identificaron 7 casos: municipalidad provincial de Chachapoyas, municipalidad distrital de La Jalca, municipalidad provincial de Bongará, municipalidad distrital de Jazan, municipalidad distrital de Florida, municipalidad distrital de Camporredondo y municipalidad distrital de Lonya Grande.
De acuerdo a la ley de gestión Ambiental, los residuos sólidos peligrosos, no peligrosos y residuos provenientes de actividades de construcción y demolición municipal, deben realizarse en celdas diferenciadas.
3) Basura acumulada en las vías, espacios y áreas públicas perjudicaría la salud de la población y del medio ambiente.
De las inspecciones físicas realizadas entre el 28 de enero al 1 de febrero de 2019, se advirtió la presencia permanente de residuos sólidos en diversas vías y espacios públicos de provincia de Chachapoyas, Condorcanqui y Utcubamba, así como en los distritos de Imaza, Aramango, Jazan, Cumba y Lonya Grande.
Algunas de las 20 municipalidades han identificado los puntos críticos de acumulación de residuos sólidos, sin embargo, la mayoría de las mismas no han determinado una frecuencia de recojo, ya que carecen de un plan de rutas para la recolección de residuos sólidos, que les permita gestionar de manera eficiente el servicio de limpieza pública.
La falta de atención a este problema generaría la creación de botaderos improvisados y expondría la salud de quienes transitan por esos lugares.
4) Algunas municipalidades no vienen coberturando el servicio de limpieza pública en zonas rurales y urbanas, lo que pondría en riesgo la salud de la población al estar expuestos a focos infecciosos, así como deterioro del medio ambiente.
El riesgo descrito, se ha observado en mayor grado en la municipalidad provincial de Utcubamba, municipalidad distrital de Cumba, municipalidad distrital de Florida, municipalidad distrital de Leimebamba y municipalidad distrital de Imaza.
La situación en el ámbito rural podría causar consecuencias aún más graves por la dificultad al acceso al servicio de salud pública, en caso se vean afectados por la acumulación de basura.
5) Personal encargado de la recolección, transporte y disposición final de la basura no cuenta con equipos de protección personal, exámenes médicos ocupacionales, vacunas y seguro complementario de trabajo de riesgo, lo que afectaría su salud y la seguridad de los mismos.
Se identificó que, en la mayoría de las 20 municipalidades visitadas, no se entregan equipos de protección personal a sus trabajadores de limpieza pública que están en riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades. Así mismo, no han pasado por exámenes médicos ocupacionales, no se gestionó la aplicación de la vacuna antitetánica y no se contrató seguro complementario de trabajo de riesgo.
En las municipalidades visitadas, el personal de servicio de limpieza pública hoy por hoy está expuesto a agentes químicos, biológicos, entre otros riesgos en su ambiente laboral.
Otros riesgos identificados son la limitada capacidad operativa para brindar el servicio, falta de mantenimiento de equipos, falta de identificación de tipos de residuos, carencia de planes de gestión, así como la no difusión de las frecuencias de recolección, entre otros.
Ante la problemática identificada por la Contraloría General, se convocará la participación de las instituciones competentes y vinculadas para exponer los detalles de los problemas y riesgos evidenciados, con el propósito de impulsar medidas correctivas y políticas públicas que contribuyan a mitigar los hechos expuestos por el bien de la ciudadanía.
El dato
Para el operativo de control se desplegaron a nivel nacional 1,420 auditores que verificaron el cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la Ley General del Ambiente y la Ley Orgánica de Municipalidades. De los cuales 40 especialistas fueron asignados a la región Amazonas.
