El documento concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en nuestro país pidiendo la renuncia de Dina Boluarte
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe final sobre las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de este año en contra del gobierno de Dina Boluarte.
El informe final, denominado “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”, revela que 56 personas murieron y otras 912 quedaron heridas durante las manifestaciones.
De la información recabada en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, la CIDH sostiene que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza.
“Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones”, se añadió.
El documento de la CIDH revela que, en el caso de Juliaca, se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de los agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas como de terceras personas.
Por otra parte, en relación a las protestas realizadas en Ayacucho, el organismo internacional también alertó que se registraron graves violaciones a los derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial.
El informe de 113 páginas dice que las graves violaciones de derechos humanos reportadas en el documento deben ser investigadas diligentemente por fiscalías especializadas en derechos humanos. “Deben ser juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales”, se agregó.
Si bien es cierto, en el informe recuerdan que nuestro país cuenta con un marco normativo que protege el derecho a la protesta y regula el uso excepcional de la fuerza y la participación del Ejército en labores de seguridad ciudadana, el organismo advirtió que se registraron situaciones de violencia que no están protegidas por el derecho a la protesta y que no eximen la responsabilidad del Estado respecto a las violaciones de derechos humanos.
Recordemos que, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la invitación del gobierno peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en realizar una visita técnica del 19 al 21 de diciembre del 2022 y otra del 11 al 13 de enero en el contexto de la crisis institucional y de las protestas sociales que se desarrollaron.
Durante esa visita, la Comisión visitó la ciudad de Lima y otras más del interior del país, donde se reunieron con autoridades públicas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes.
