La informalidad laboral, un bagaje que no es abordado debidamente

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La informalidad laboral, un bagaje que no es abordado debidamente

Las protestas agrarias en Ica y La Libertad fueron provocadas por el incumplimiento de los derechos laborales de empresas informales y services, pero no solo ocurre en esta actividad. Abogados laboralistas analizan la situación y dan sus propuestas de solución.

Un sueldo menor a la remuneración mínima vital, sin derecho a vacaciones, CTS, sin pago de horas extras, ni línea de carrera son característicos del empleo informal en nuestro país. Esta problemática fue una de las causas de las protestas agrarias en Ica y La Libertad de la semana pasada. Pero esta precariedad laboral –impulsada en parte por las services– no solamente se da en el sector agroexportador.

De acuerdo con la Encuesta nacional de hogares (Enaho) de INEI, en el periodo de junio 2019 a junio 2020, la tasa de informalidad laboral fue de 74.3%. Esta cifra representa un aumento del 1.7%respecto al periodo 2018-2019 debido a la crisis de la pandemia del COVID-19.

Tras el inicio del estado de emergencia en marzo pasado, la economía fue duramente golpeada y causó la pérdida de 6 millones de empleos. Según la Organización Internacional del Trabajo, la cifra de informalidad aumentará a fin de 2020 y afectará principalmente a los trabajadores independientes menos calificados. Ante ello, queda preguntar, ¿qué acciones se podrían tomar para revertir esta situación a futuro?

PARA TENER EN CUENTA

El abogado laboralista, Jorge Toyama, opina que la reducción de la informalidad laboral se podría revertir si se trabajan cuatro puntos. En primer lugar, impulsando la cultura sobre los beneficios laborales de los trabajadores. Segundo, promoviendo beneficios tributarios y financieros a empresas que cumplan con la normativa.

Como tercer punto, propone que se debieran generar mecanismos de aseguramiento de salud para los empleados. Finalmente, Toyama sostiene que se debería ampliar la fiscalización de centros laborales a nivel nacional, una labor que recae en la Sunafil.

La abogada Ana Roque agrega que se deben promover normas y políticas públicas accesibles para que las empresas formalicen a sus empleados. Roque señala que el Estado no ha abordado este tema debidamente en los últimos años y menos durante la pandemia. Por ejemplo, indica que el decreto supremo 127-2020 del 1 de noviembre pasado que otorga subsidios a las empresas para contratar a personal, no es de fácil acceso y no se conoce a la fecha si ha sido otorgado a empresas.

“No tendrá gran impacto porque acceder a estos beneficios implica un proceso de evaluación en el Ministerio de Trabajo en que los empleadores deberán cumplir con una serie de requisitos. Ello llevará a que asuman sobrecostos porque deberán acudir a asesoría legal y contable, y desincentivará que postulen a los subsidios”, explicó.

Toyama agrega que este subsidio no sería suficiente para la formalización pues además el empleo no habría aumentado por el COVID-19.

Ambos abogados coinciden que por la pandemia y el desempleo registrado, el sector agrícola es el que tiene mayores índices de informalidad este año.

ACCIONES A FUTURO

Si bien las protestas de la semana pasada fueron del agro que registró una tasa de informalidad de 31.9% al cierre de 2019 según Enaho, existen otros sectores empresariales que merecen atención: servicios (33.7%), comercio (19.1%), construcción (6.8%), manufactura (7.8%) y minería (0.7%) .

El titular de la Sunafil, Juan Carlos Requejo, indicó a Perú21 que la entidad supervisa con prioridad estas actividades porque concentran gran cantidad de trabajadores.

“Había la posibilidad de incorporar a 150 inspectores,pero por efectos de la pandemia, no se transfirió los fondos necesarios. Confiamos que en atención a un nuevo pedido, el Ministerio de Economía nos brinde los recursos requeridos”, aseveró.

Sobre la presunta falta de presencia de la entidad, Requejo dijo que “el verso no debería ser que Sunafil es el culpable, sino que las empresas no deberían esperar a que las fiscalicen”.

En tanto, anunció que hoy llegarán 50 inspectores a la región Ica para fiscalizar las empresas agrícolas y que se instalarán sedes en los distritos de Salas Guadalupe y Santiago.

“Para promover la supervisión se utilizará la georreferenciación en puntos de producción, incorporaremos el uso de drones y un software para que los trabajadores verifiquen si están en planilla”, manifestó el funcionario sobre una situación que merece la atención, tanto del sector público como el privado.

DATOS:

  • Sunafil señala que al cierre del 2019, se formalizó a 150 mil trabajadores de los cuales 80% son del sector agroexportador. Este año, formalizaron cerca de 10 mil.
  • La laboralista Ana Roque indica que según los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, el régimen CAS del Estado podría ser interpretado como informal por no otorgar estabilidad laboral ni CTS a empleados.

Fuente: CARLOS VIGURIA Perú 21