La extrema violencia contra la mujer ha cobrado la vida, en lo que va de este año, de 32 peruanas, cuyas familias hoy —y todos los días— lloran por ellas y suplican a las autoridades —Ministerio de la Mujer (Mimp), Policía Nacional, Fiscalía y Poder Judicial (PJ)— justicia y condenas ejemplares para los agresores.
Katherine Flores, vicepresidenta de la Asociación de Familias de Víctimas de Feminicidios, menciona que “en enero y febrero de este año han ocurrido 32 feminicidios; el último caso es del 18 de febrero, de una bebé de seis meses que fue ultrajada y asesinada en Tocache”.
La activista, cuya hermana de 20 años fue asesinada por su pareja José Falcón Gutiérrez en 2019, denuncia la falta de articulación de las autoridades para prevenir los feminicidios y, posteriormente, castigar a los agresores.
“El caso de Mariella Barreto recién ayer (miércoles), luego de tres años de espera, ingresó a control de acusación. El feminicida de Leslie Vicente, quien fue asesinada en un cuarto de una vivienda multifamiliar, está no habido y ningún testigo colabora con la justicia. El agresor de Mirley Urcia está preso, pero su cómplice no”, detalla.
En Amazonas, en una reciente entrevista con Marilyn Illescas, especialista de prevención en Amazonas del programa Aurora, se dieron a conocer estadísticas preocupantes sobre la violencia en la Región Amazonas y la provincia de Chachapoyas.
Durante el año 2023, el Programa Nacional Aurora atendió alrededor de 1777 casos en la región. Illescas enfatizó la importancia de recordar que no solo los centros de emergencia mujer y servicios de atención rural reciben reportes de casos de violencia, sino también las comisarías, fiscalías y juzgados.
Por último, cabe recordar dos casos resaltantes en los últimos meses, donde una mujer perdió la posibilidad de ser madre por una negligencia médica, y el caso en el que un fiscal pretendía considerar como homicidio simple al asesinato de una abogada que buscaba justicia por una violación a una discapacitada.
