Al haberse declarado el inicio de la tercera ola en nuestro país, la Defensoría del Pueblo exhortó al Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y establecimientos de salud de todo el país a no descuidar la gestión y el manejo adecuado de los residuos peligrosos que se originan de la atención diaria a pacientes con COVID-19.
Además, se advirtió que 18 regiones no cuentan con sitios autorizados para la disposición final de residuos sólidos peligrosos provenientes de establecimientos de salud, estas son: Amazonas, Puno, Junín, Áncash, Cusco, Arequipa, Cajamarca, Ayacucho, Lambayeque, Huánuco, Pasco, Moquegua, Huancavelica, Callao, Apurímac, Tumbes, Tacna y Madre de Dios.
En un recorrido por 198 establecimientos de salud a nivel nacional, dirigido por la Defensoría del Pueblo en diciembre de 2020, se pudo advertir que en el 54 % de los establecimientos supervisados no se desarrollaba el tratamiento de los residuos biocontaminados.
Al respecto, la institución invocó al Ministerio de Salud, gobiernos regionales y EsSalud, así como al Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, estos últimos como entidades a cargo de servicios de salud dirigidos al personal policial y militar, a identificar los establecimientos de salud que requieran contar con el proceso de tratamiento de sus residuos biocontaminados y, en los casos que corresponda, ejecutar las acciones necesarias para tal efecto.