De 21 comunas distritales, solo tres cuentan con mesas de trabajo para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
La oficina de la DefensorÃa del Pueblo en Amazonas demandó a los municipios distritales de la provincia de Chachapoyas la adopción de acciones inmediatas dirigidas a aprobar las ordenanzas para la creación de instancias distritales de concertación para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en sus respectivas jurisdicciones, además de elaborar los planes de trabajo con la participación de todos sus miembros.
Según pudo advertirse, desde la promulgación de la Ley n.o 30364 o Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, ocurrida hace más de cinco años; y la aprobación en el 2016 de su reglamento, solo tres de las 21 municipalidades distritales de Chachapoyas han cumplido con crear dichas instancias o grupos de trabajo cuyo objetivo es la implementación de polÃticas multisectoriales dirigidas a luchar contra la violencia hacia las mujeres.
De acuerdo a información recogida por la oficina de la DefensorÃa del Pueblo, los municipios que han cumplido con aprobar estas medidas son Asunción, Leimebamba y la comuna de Chachapoyas. Sin embargo, el ente provincial es el único que cuenta con su plan de trabajo anual y su reglamento interno aprobado.
Ante ello, la representante de la DefensorÃa del Pueblo en Amazonas, Genoveva Gómez, remarcó que la creación de dichas instancias establece dos objetivos estratégicos. “El primero está relacionado a cambiar los patrones socioculturales que reproducen desigualdades y exacerban la violencia de género; pero también se busca garantizar el acceso a servicios integrales, articulados, oportunos y de calidad destinados a proteger y brindar una atención adecuada a las vÃctimas de violencia”, precisó.
Cabe precisar que, según lo dispuesto en la Ley n.o 30364, las instancias se encuentran conformadas por representantes de los municipios provinciales o distritales, PolicÃa Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, centros emergencia mujer, establecimientos públicos de salud y centros educativos, entre otras instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Su función primordial es contar con un espacio en el que los distintos sectores puedan articular acciones en la lucha contra la violencia.
