Mediante memorial cursado a la presidenta Dina Boluarte, piden el cese de las interdicciones por ser atentatorio al medio ambiente
Las comunidades nativas de Fortaleza, Guayabal, San Juan, Belén y Ciudad Democracia, representadas por sus líderes, han hecho un llamado urgente a la presidenta Dina Boluarte, solicitando la continuidad de la actividad minera ilegal en el sector “Bajo Santiago” en Condorcanqui.
A través de un memorial dirigido a la máxima autoridad del país, expresaron su preocupación por las recientes interdicciones que consideran perjudiciales para el medio ambiente.
El presidente de la Federación de las comunidades Awajun del Río Santiago, Eliseo Chumbe Kiak, advirtió que las acciones de interdicción están provocando un daño irreparable al ecosistema local. Según Chumbe Kiak, el abandono por parte de las autoridades locales, regionales y nacionales ha llevado a las comunidades a depender de la minería ilegal como fuente de ingresos.
En su comunicado, los líderes comunitarios argumentaron que el gobierno no ha implementado proyectos productivos a largo plazo que generen empleo y medios económicos alternativos para la población local. Esta falta de oportunidades económicas, según ellos, ha dejado a las comunidades sin otra opción que recurrir a la actividad minera como medio de subsistencia.
La solicitud de los apus de Bajo Santiago ha generado un intenso debate en torno a la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en la región. Mientras algunos argumentan que la minería ilegal es un riesgo para la biodiversidad y los recursos naturales, otros defienden su continuidad como una necesidad económica urgente para las comunidades locales.
