Contraloría | Realizarán servicios de control posterior en Amazonas

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La Contraloría General realizará durante el segundo semestre de este año 23 servicios de control posterior, entre auditorías de cumplimiento y servicios de control específico, en entidades públicas de la región Amazonas para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles y/o penales por presuntos casos de inconducta funcional o irregularidades cometidas por funcionarios públicos.

Dichos servicios de control posterior se llevarán a cabo de acuerdo a la programación de la Gerencia Regional de Control. Algunos de los cuales, estarán relacionados a la emergencia sanitaria COVID-19

En 100 días del ejercicio de control gubernamental en la emergencia sanitaria COVID-19, en Amazonas se emitieron y publicaron 323 informes de control simultáneo correspondiente a intervenciones en entidades públicas de siete provincias y 84 distritos de la región, con la finalidad de contribuir al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos destinados a medidas de prevención y contención del coronavirus.

Casos emblemáticos
Respecto a los casos emblemáticos identificados figuran los relacionados a las canastas básicas familiares. Por ejemplo, en las Municipalidades Distritales de Cheto (Chachapoyas), Colcamar (Luya) y Aramango (Bagua) se identificó que habrían autorizado el pago a proveedores pese a que existían incumplimientos de obligaciones, generando el riesgo de perjuicio al Estado al no ejecutar las penalidades y descuentos que corresponden.

Asimismo, se evidenció que la Municipalidad Distrital Cajaruro (Utcubamba), adquirió, almacenó y distribuyó, en las canastas básicas, arroz que contenía insectos y que la Municipalidad Distrital de Imaza (Bagua), distribuyó alimentos fraccionados y sin rotulados, situaciones que ponen en riesgo la salud de la población vulnerable de los distritos al consumir dichos productos.

Otros casos, fueron los del Hospital Regional Virgen de Fátima y al Hospital Gustavo Lanatta Luján de Bagua, donde se advirtieron hechos que afectaban la capacidad de respuesta de los nosocomios ante la presencia de casos de COVID-19; así como, deficiencias en los expedientes técnicos en la construcción de nuevos ambientes para pacientes afectados por coronavirus, lo cual retrasaría su atención oportuna.

Por otro lado, en el operativo de control a siete comisarías de la Policía Nacional de Perú – PNP en la región Amazonas, se identificó que los ambientes destinados para almacén no contaban con las condiciones mínimas e indispensables de salubridad para el almacenamiento y custodia temporal de las mascarillas y guantes descartables, pudiendo generar un potencial riesgo de contaminación de los implementos personales de bioseguridad, comprometiendo la salud del personal policial.

Resultados nacionales
En Lima, el contralor general, Nelson Shack, presentó el informe de gestión “El control en tiempos del COVID-19” que detalla las principales acciones, resultados y lecciones aprendidas del control gubernamental durante el estado de emergencia sanitaria por coronavirus.

En dicha presentación, Shack Yalta informó que en el segundo semestre de este año se retomará el operativo para verificar el gasto en asesorías y consultorías en el Estado y conocer las razones de las contrataciones de personas naturales y jurídicas, el propósito y justificación, que incluirá la revisión de perfiles y especificaciones técnicas.

“El pueblo tiene que saber en qué se gastan cientos de millones que se concentran en 5 ó 6 ministerios del gobierno nacional. El pueblo tiene derecho a saber para qué se contratan esas consultorías”, señaló.

Del mismo modo, señaló que se retomarán los megaoperativos de control con enfoque territorial, con la conclusión de más 760 intervenciones de control que fueron programadas e iniciadas en Cajamarca antes de la pandemia, así como el inicio de la misma acción en las regiones de Tumbes y la Provincia Constitucional del Callao para este segundo semestre del año.

También se realizará el operativo Heladas y Friajes para contribuir con la adecuada distribución y entrega de bienes y servicios a la población vulnerable por las bajas temperaturas ocasionada por el fenómeno climatológico en zonas altoandinas y selva.

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