En cuatro meses y medio, la Contraloría General de la República ha elaborado más de ocho mil informes de control en todo el país sobre los procesos por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. La gran mayoría de estos se centra en los gobiernos locales y regionales, así como en los temas de protección social. Más de la tercera parte fueron informes de control concurrente, la modalidad aprobada por el Congreso para que la contraloría pueda supervisar los procesos durante su ejecución, desde abril de este año. “Hasta el 30 de junio nos ha interesado el control simultáneo. Ahora nos va a interesar el control posterior”, dijo el contralor Nelson Shack ante la Comisión de Fiscalización, el pasado miércoles 1 de julio.
En palabras de Shack, los controles concurrentes sirven para advertir, desde una mirada del control, qué cosas no se están haciendo bien. La fase que viene a continuación es la de iniciar controles específicos que determinen las responsabilidades a nivel administrativo, civil o penal, en caso de irregularidades o hechos de corrupción.
En una conferencia virtual realizada el viernes 24, Shack ha insistido en que la corrupción se ha agravado en el país ante la emergencia, pues la administración pública ha recibido un enorme influjo de recursos para combatir el COVID-19 y la reactivación económica. Además, señala, se tiene que gastar rápido, para lo cual se flexibilizan varios procedimientos de contratación.
Durante estos meses, la contraloría ha encontrado irregularidades en la distribución de las canastas básicas, en el proceso de adquisición de tablets para escolares, en la adquisición de equipos de protección e insumos de desinfección, entre otros asuntos.
MÁS DATOS:
En el Congreso y en foros públicos, Shack ha pedido que se dé prioridad al proyecto de ley para restituir la capacidad sancionadora de la contraloría.
La aprobación de esta norma no afectaría a los funcionarios que incurrieron en corrupción durante la emergencia por el COVID-19.
Fuente: El Comercio
