La Fiscal de la Nación de ese entonces, Nelly Calderón, presenta una histórica demanda contra el ex presidente peruano refugiado en Japón, Alberto Fujimori
Un dÃa como hoy 6 de setiembre, pero en el año 2001, la entonces Fiscal de la Nación de Perú, Nelly Calderón, protagonizó un hecho trascendental al presentar una demanda ante la Sala Permanente de la Corte Suprema.
La denuncia tenÃa como objetivo al ex presidente peruano refugiado en Japón, Alberto Fujimori, acusándolo de delitos contra la humanidad relacionados con el asesinato de 25 personas en un oscuro capÃtulo de la historia peruana que abarca los años 1991 y 1992.
Las acusaciones presentadas contra Fujimori incluyeron cargos de homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada.
Estas graves imputaciones surgieron después de que la fiscal Calderón declarara procedente la denuncia constitucional interpuesta por el Congreso peruano contra el ex gobernante.
Una de las solicitudes clave de Nelly Calderón fue el embargo de los bienes de Alberto Fujimori, con el fin de garantizar el pago de la reparación civil a los familiares de las 15 personas asesinadas en la matanza ocurrida en el distrito limeño de Barrios Altos en 1991, asà como de un superviviente de dicho ataque y de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, quienes perdieron la vida en 1992.
Sin embargo, la situación tomó un giro internacional cuando el gobierno japonés, donde Alberto Fujimori se encontraba refugiado desde noviembre, reafirmó su oposición a cualquier solicitud de extradición hacia Perú.
Japón sostenÃa que, de acuerdo con su legislación, los ciudadanos japoneses no podÃan ser extraditados y el ex presidente Fujimori era ciudadano japonés.
Takeshi Seto, un jurista de la división especializada del ministerio japonés de la Justicia, señaló: “Japón y Estados Unidos concluyeron un acuerdo que establece que ciudadanos japoneses pueden ser extraditados hacia ese paÃs, pero tenemos ese acuerdo solo con Estados Unidos”. De esta manera, Japón reafirmaba su postura legal respecto a la extradición.
El Primer Ministro de Japón en ese momento, Junichiro Koizumi, también se pronunció al respecto, destacando que su gobierno responderÃa a las autoridades peruanas de acuerdo con las leyes japonesas y que se conformarÃan a estas.
