El Gobierno endurece penas por robo de celulares en medio de preocupante aumento de delitos

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Esta medida se lleva a cabo en respuesta a las alarmantes estadísticas de robos de dispositivos móviles en Perú

El Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola anunció el lunes 16 de octubre la aprobación de un Decreto Legislativo que endurece las penas para el robo de equipos móviles en el país, con la consigna de combatir el creciente comercio ilegal de teléfonos.

Según datos proporcionados por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), se roban casi cinco mil celulares a nivel nacional cada día, tanto en el transporte público como en la vía pública, e incluso frente a las puertas de las viviendas de los ciudadanos.

El Decreto Legislativo aprobado modifica el Código Penal, incorporando el robo de equipos terminales móviles, informáticos y similares como agravante en la figura de robo agravado.

La sanción para quienes cometan este delito será de 12 a 20 años de prisión y, en casos en los que se utilicen explosivos o vehículos motorizados para cometer el robo, la pena se incrementará a un período de 20 a 30 años.

Entre las novedades que trae esta medida, se incluye la penalización de la receptación, definida como la provisión de documentos destinados a ocultar, encubrir o disimular el origen ilícito de un bien o de sus partes.

Además, se prohíbe la comercialización o importación de equipamiento que permita la adulteración de los códigos IMEI (identidad internacional de un equipo móvil), MAC (control de acceso al medio) o SIM (módulo de identidad del suscriptor).

Expertos en seguridad advierten que, a menos que se tomen medidas efectivas, es probable que este año se supere ampliamente el número de robos de celulares registrados en 2022.

La nueva legislación tiene como objetivo disuadir a los delincuentes y reducir el comercio ilegal de dispositivos móviles en el país.

Con la aprobación de este Decreto Legislativo, el Gobierno busca fortalecer la prevención y la lucha contra el robo de celulares, protegiendo así los intereses de los ciudadanos y la integridad de sus propiedades.

Fuente: Andina

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