La institución exhortó a las autoridades a usar los recursos públicos disponibles para reducir la vulnerabilidad de la población en este contexto.
La ContralorÃa General de la República señaló que la inacción y la falta de respuesta de las autoridades frente a los desastres naturales son pasibles de sanciones que pueden llegar hasta la inhabilitación para trabajar en el Estado.
El fenómeno climatológico de las últimas semanas ha dejado un saldo lamentable de más de 70 vidas humanas y alrededor de 21 mil damnificados en distintas regiones del paÃs, según los reportes oficiales.
La institución exhortó a las autoridades del gobierno nacional, regional y local a adoptar de manera urgente las acciones y medidas de prevención necesarias, asà como a emplear los recursos públicos disponibles, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población en este contexto.
Según un comunicado de la Contraloria, los fondos del Programa Presupuestal 068, destinados a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres, no se han utilizado de manera diligente, en el primer trimestre del año en curso, el gasto a nivel del Gobierno Nacional es del 12,8%, mientras que los gobiernos regionales y municipales han ejecutado 11,6% y 5,9%, respectivamente.
El incumplimiento en una situación de emergencia, ya sea por no garantizar la prestación de algún servicio o respuesta oportuna, o por dejar de actuar con diligencia, generando la paralización o suspensión de los servicios públicos, obras u operaciones, son conductas que serán ejemplarmente sancionadas.
En este sentido, es una obligación inexcusable de quienes tienen la responsabilidad de administrar los fondos públicos en una emergencia, actuar con celeridad y transparencia para atender las necesidades de la población y prevenir mayores efectos negativos de los fenómenos naturales, reducir la vulnerabilidad de las personas y salvaguardar sus vidas y pertenencias.
Asimismo, anunciaron que remitirán al Congreso dos proyectos de ley, uno relacionado con la inaplicación de normativas infralegales y funcionales, ya que muchas veces paraliza el accionar de los gestores públicos; y otra iniciativa que establece que todas las autoridades públicas dispongan el 1% de su presupuesto para el financiamiento en prevención de desastres.
Esperamos que estas iniciativas sean consideradas y aprobadas por las autoridades correspondientes para poder mejorar la gestión pública durante los estados de emergencia y garantizar una respuesta efectiva y oportuna a las necesidades de la población en momentos crÃticos.
