El ministro del Interior, Juan Carrasco, anunció que el Poder Ejecutivo promoverá un proyecto de ley que permitirá la incineración del cadáver del cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.
“Desde el Poder Ejecutivo se está promoviendo un proyecto de ley que dará a conocer el Presidente de la República Pedro Castillo a fin de permitir la incineración del fallecido terrorista Abimael Guzmán”, señaló el titular del Mininter.
Carrasco señaló que con esa iniciativa se responderá sobre la disposición del cuerpo de Guzmán Reinoso, quien, indicó, ya no es sujeto de derecho.
“El tema depende de la emisión de una norma porque no tenemos legislación al respecto”, precisó.
El ministro señaló que desde su posición como ciudadano considera que el cuerpo del terrorista debe ser incinerado porque de lo contrario se convertiría en un tema de apología del terrorismo en el país.
“Este genocida representa caos y muerte para el país, y como gobierno sentamos una posición clara de total rechazo al terrorismo. Vamos a perseguir hasta al último de los remanentes terroristas que aún quedan en el país”, expresó.
La norma, que modifica el artículo 114 de la Ley General de Salud, faculta a los operadores de justicia para que ordenen la cremación de cuerpos de personas cuyo traslado, funerales o inhumación pudieran poner en grave riesgo la seguridad o el orden público.
De aprobarse la norma, se aplicaría también al caso del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, cuyo cuerpo se mantiene en la morgue del Callao.
El Ministerio Público explicó que la iniciativa legislativa busca cubrir, de manera general, el vacío legal que hay en la legislación nacional.
La Fiscalía de la Nación señaló que la Constitución establece que pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas.
Asimismo, recordó que el Tribunal Constitucional, en el Expediente 002-2019-PI-TC, ha sostenido que la Constitución prevé la posibilidad excepcional de establecer normas especiales cuando estas se basan en razones objetivas y justificadas.
Sostuvo que el proyecto de ley se encuentra en el marco constitucional y legal vigente, en tanto que el ejercicio de los derechos constitucionales debe estar en armonía con el orden público y, por otro lado, la seguridad ciudadana es un derecho fundamental cuyo garante es el Estado.
Dijo que la legislación nacional solo contempla el destino de los cuerpos no reclamados o no identificados.
Fuente: El Peruano
