Castillo enfrenta también otras condenas y ha intentado sin éxito revocar la prisión preventiva alegando violación de derechos constitucionales y denunciando un presunto complot.
La Fiscalía de la Nación ha presentado una solicitud al Poder Judicial para imponer una condena de 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo, acusándolo de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en relación con el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Asimismo, se busca una pena de 25 años de prisión para la expremier Betssy Chávez y de 15 años para Aníbal Torres. La petición de prisión preventiva también alcanza a los exministros Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y Willy Huerta (Interior), así como a los oficiales PNP Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez, con una propuesta de 25 años de cárcel para cada uno.
La Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, liderada por el fiscal supremo Alcides Chinchay tras la remoción de Uriel Terán, fue la encargada de presentar el requerimiento acusatorio.
Terán Dianderas concluyó la investigación preparatoria en diciembre de 2023, antes de ser retirado del cargo por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y regresado a su plaza de origen en Arequipa.
Con la oficialización de la acusación contra Pedro Castillo y sus presuntos cómplices, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, deberá llevar a cabo la etapa intermedia o de control de acusación.
En esta fase, se subsanarán posibles errores en la acusación fiscal, y las partes presentarán pruebas y testigos para la próxima etapa de juicio.
Finalizadas las audiencias de control de acusación, el juez Checkley emitirá el auto de enjuiciamiento, resolución inapelable. Posteriormente, el expediente se enviará a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que programará la fecha para la instalación del juicio oral.
La sentencia emitida por esta instancia podrá ser impugnada ante la Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo César San Martín.
En relación con el fallido golpe de Estado, Pedro Castillo fue sometido a **18 meses de prisión preventiva** en diciembre de 2022, medida que ha sido objeto de múltiples intentos de revocación por parte de su defensa, sin éxito hasta el momento.
Castillo enfrenta también una segunda prisión preventiva de 36 meses por liderar una presunta red criminal en los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
Los múltiples recursos de hábeas corpus presentados para la liberación del exmandatario han sido rechazados en primera y segunda instancia, llegando algunos de ellos al Tribunal Constitucional.
Castillo ha alegado violación de sus derechos constitucionales y denunció un presunto complot para derrocar su gobierno ante los magistrados del TC.
