ONU evalúa sistema de justicia en Condorcanqui

ONU y el sistema de justicia se sientan a revisar qué tan lejos llega la protección

La jefa de Misión de ONU Derechos Humanos en el Perú, Jane Anttila, y la oficial de Derechos Humanos Martha Jackson-Eade viajaron a Chachapoyas para sentarse con las instituciones que, sobre el papel, deben proteger a las mujeres y familias de Condorcanqui. El encuentro fue convocado por la Misión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Perú y contó con la presencia de la jueza Nancy Consuelo Sánchez Hidalgo del Poder Judicial, el general Vladimir Fidel Gamarra Palacios, jefe de la Región Policial Amazonas, el representante de la Defensa Pública Julio César Zumaeta Hernández y Rosita Zagaceta, del programa Warmi Ñan.

El foco de la jornada fue el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, conocido como SNEJ, creado mediante el Decreto Legislativo N.° 1368. Este sistema articula al Poder Judicial, el Ministerio Público, la PNP, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para ofrecer una respuesta coordinada y especializada frente a la violencia familiar y de género.

La discusión giró en torno a tres preguntas concretas: qué avances reales ha tenido el SNEJ en Condorcanqui, cómo está funcionando en la práctica y cuáles son los obstáculos que impiden que esa protección llegue a las zonas más alejadas de la provincia.

El desafío intercultural, el punto que no puede ignorarse

Condorcanqui no es una provincia más. Es el territorio de los pueblos awajún y wampis, comunidades indígenas con sus propias formas de organización, lengua y mecanismos de resolución de conflictos. Aplicar el SNEJ allí exige algo más que replicar el modelo urbano: requiere incorporar enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad desde el diseño mismo del servicio.

Ese fue, según la Corte Superior de Justicia de Amazonas, uno de los ejes centrales del diálogo. Las instituciones reconocieron que las barreras de acceso a la justicia en la provincia no son solo geográficas, sino también culturales y lingüísticas, y que superarlas exige coordinación permanente y capacidades operativas fortalecidas en cada entidad involucrada.

El contexto no es menor. En junio, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosmery Pioc, denunció que un abogado de la Defensoría Pública investigado por presunta agresión sexual a una adolescente de 14 años en Santa María de Nieva fue liberado. El caso puso en evidencia las fragilidades del sistema de protección en la provincia y la urgencia de fortalecer la articulación institucional que ahora se discute.