La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 235 339 en la Dirección Regional de Educación Amazonas (DREA) como consecuencia del uso irregular de recursos del Comité de Administración de Fondos de Asistencia y Estimulo (CAFAE).
Según un informe que comprende el periodo de enero 2017 a enero 2018, se detectó el incremento en el pago de planillas por incentivo laboral a favor de un (1) funcionario y 47 servidores públicos de la sede central de DREA, por montos superiores a la escala establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En este caso tendrían responsabilidad administrativa y civil cinco (5) exfuncionarios y dos (2) servidores públicos de la entidad.
Como consecuencia de la modificación remunerativa, primero se procedió al reintegro de S/ 39 808 por el incremento del incentivo laboral correspondiente al periodo de enero a marzo del 2017. Luego se procedió al incremento del incentivo por S/ 120 582, correspondiente a abril hasta diciembre del mismo año, pese a que por norma dichos incrementos estaban prohibidos.
Con dichos pagos, se contravino el artículo 6° de la Ley N° 30518 del Presupuesto del Sector Público 2017 que prohibió el reajuste o incremento de remuneraciones, incentivos, etc. en las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, cualquiera que sea su forma, modalidad, periodo y fuente de financiamiento.
La auditoría también detectó que en enero de 2018 funcionarios de DREA autorizaron el pago de un beneficio económico sin sustento legal a 47 trabajadores por S/ 74 949, que se hizo efectivo con saldos de los recursos del CAFAE del periodo 2017, contraviniendo la Ley N° 28411 del Sistema Nacional de Presupuesto, que señala que los fondos públicos transferidos al CAFAE que no hayan sido utilizados a la culminación del año fiscal deben revertirse al tesoro público.
Acciones legales
Los resultados del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, fueron puestos a conocimiento del titular del Gobierno Regional de Amazonas y de la Procuraduría Pública para iniciar las acciones administrativas y legales correspondientes.
