Expertos subrayan la urgente necesidad de intervención gubernamental para salvaguardar los bosques, la salud de las comunidades y la estabilidad social en la región
En un reciente informe presentado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú) en colaboración con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), se revela que la minería ilegal ha experimentado un preocupante aumento en la región Amazonas durante los últimos tres años.
La investigación, realizada por la iniciativa “Unidos por los Bosques”, arroja luz sobre la creciente intrusión de esta actividad ilícita en una de las zonas más vitales para la biodiversidad global.
El reporte titulado “Minería ilegal en la Amazonía peruana” señala que desde el año 2021, la minería ilegal se ha concentrado en los ríos Santiago y Cenepa, específicamente en la provincia de Condorcanqui. Esta práctica ilegal involucra la extracción de oro aluvial mediante el uso de dragas y equipos artesanales a lo largo de estas cuencas fluviales.
La investigación también detalla que la minería ilegal se ha extendido a cinco distritos del departamento, incluyendo Nieva, Río Santiago y Cenepa en la provincia de Condorcanqui, Balsas en la provincia de Chachapoyas, y El Milagro en la provincia de Utcubamba.
Alarmando aún más, se ha documentado que estas actividades ilícitas se llevan a cabo en territorios de comunidades indígenas, lo que resulta en un impacto significativo en sus modos de vida y medio ambiente.
Hasta julio de 2023, se ha registrado que 271 mineros en la región están en proceso de formalización. Sin embargo, el informe indica que el 79.3% de estos procesos se encuentra suspendido debido al incumplimiento de las regulaciones.
Sorprendentemente, tras más de una década de intentos de formalización, cuatro de los cinco requisitos necesarios para llevar a cabo este proceso muestran un cumplimiento cercano al 0%.
Incluso en los casos que solo requieren la presentación de una declaración jurada, el progreso es mínimo, sugiriendo una falta de voluntad por parte de los mineros para completar la formalización.
Las dimensiones del impacto son alarmantes. El informe señala que 22 ríos amazónicos están experimentando consecuencias negativas debido a la minería ilegal, con nombres destacados como Marañón, Huallaga, Santiago, Nanay, Napo, Inambari y Putumayo. El 91% de los casos involucra la extracción de oro, a menudo utilizando dragas de distintos tamaños en los cuerpos de agua.
El estudio también revela vínculos preocupantes entre la minería ilegal y otros delitos, incluyendo narcotráfico, tala ilegal y crimen organizado.
Además, la salud de las personas se ve comprometida debido al contacto directo e indirecto con el mercurio, un subproducto común de la minería de oro, lo que ha llevado a la propagación de enfermedades transmisibles como el dengue y la malaria.
El especialista técnico de FCDS-Perú, Martín Arana, enfatizó que la creciente tendencia de la minería ilegal en toda la región amazónica representa un grave riesgo para las personas, la biodiversidad y la estabilidad social. Ante esta crisis, Arana instó a la intervención urgente de todas las instancias gubernamentales para proteger los bosques y la paz social en la región.
