Mientras tanto, en Amazonas se han registrado más de cuatro mil delitos ambientales donde el tráfico ilegal de productos maderables conforman el 50%
En una reunión de trabajo enfocada en abordar la creciente problemática de la tala ilegal en la región Amazonas, el gobernador Gilmer Horna Corrales anunció una asignación financiera crucial destinada a fortalecer las actividades de conservación forestal y protección de la fauna silvestre en la zona.
Horna Corrales reveló la transferencia de más de 3 millones de soles por parte del Ministerio del Ambiente. Estos fondos serán canalizados hacia la competitividad y el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre en la región.
La ministra del Ambiente, Albina Ruiz Ríos, destacó la necesidad urgente de enfrentar la problemática de la tala ilegal, señalando que detrás de estas actividades operan redes criminales organizadas.
En este contexto, el Ministerio del Ambiente, en colaboración con el Ministerio de Justicia, estableció mesas para la defensa pública y ambiental de los defensores ambientales en las regiones priorizadas. Esta iniciativa busca garantizar la seguridad y el bienestar de aquellos que protegen los valiosos recursos naturales de la región.
Ruiz Ríos subrayó que en Amazonas se han perpetrado numerosos delitos ambientales, muchos de ellos vinculados a la contaminación. “Estos casos están actualmente en proceso judicial, pero lamentablemente, aún no se han obtenido respuestas efectivas“, enfatizó.
En la reunión, celebrada en la sede del Gobierno Regional de Amazonas, participaron representantes de los ministerios de Cultura y del Interior; del Serfor, Osinfor, Sernanp, OEFA, Programa Bosques del Minam y municipalidades provinciales.
Frente a este preocupante panorama, el Ministerio del Ambiente ha elaborado la propuesta de “Estrategia para la Prevención y Reducción de Delitos Ambientales enfocada en la Amazonía,” pre publicada en septiembre de 2022 (R.M. n.° 180-2022-MINAM).
Según información de la Procuraduría Pública del Minam, del 2009 al 2024, en Amazonas se han registrado 4210 delitos ambientales, de los cuales 2368 casos fueron archivados, quedando 1842 en trámite.
Del total de casos, los delitos contra los bosques y el tráfico ilegal de productos maderables constituyen cerca del 50%, seguidos de los delitos por contaminación ambiental con 17%, y minería ilegal con 14%.
