La modificación de la ley forestal no solo es un riesgo para el medio ambiente sino también es una alerta roja en la exportación de café y cacao
En medio de crecientes preocupaciones ambientales a nivel mundial, la promulgación de la Ley n. °31973 por el Congreso de la República del Perú, que modifica la Ley 29763, conocida como Ley Forestal y de Fauna Silvestre, ha desatado una oleada de críticas y rechazos por parte de líderes indígenas, ambientalistas y diversos sectores de la sociedad civil en la región amazónica del Perú.
Esta modificación legislativa, lejos de alinearse con los esfuerzos globales por proteger los ecosistemas vulnerables, parece caminar en dirección contraria, poniendo en riesgo uno de los pulmones más importantes del planeta: la Amazonía.
Los cambios introducidos por esta nueva ley han sido señalados como una amenaza directa a la conservación de los bosques, al facilitar procedimientos que reducen la protección del bosque en tierras del Estado y de predios privados.
Esta modificación legislativa es vista como una invitación a la deforestación, al simplificar la adquisición de tierras y permitir actividades agropecuarias en predios deforestados sin el debido sustento técnico ni autorización, lo que afecta la capacidad productiva de la tierra y vulnera la sustentabilidad del ecosistema.
Además, esta nueva ley trastoca el equilibrio de poderes en la gestión ambiental del país, al relegar al Ministerio del Ambiente (Minam) a un segundo plano, mientras otorga facultades principales al Ministerio de Desarrollo y Riego.
Esta disposición no solo compromete la integridad ambiental del país, sino que también ignora los derechos de los pueblos indígenas y originarios, afectando su derecho al territorio que tradicionalmente ocupan.
La repercusión internacional de esta ley no se ha hecho esperar, especialmente en un contexto donde la Unión Europea ha establecido leyes que prohíben la importación de productos procedentes de áreas que han sufrido deforestación ilegal.
De acuerdo con la Agencia de Investigación Ambiental, la modificación de la ley forestal peruana podría incluso violar los términos del Acuerdo Comercial entre Estados Unidos y Perú, comprometiendo el comercio de productos como el café y el cacao, fundamentales para la economía del país.
Mientras tanto, en la región Amazonas se destaca que, en 2020, alcanzó un pico de 11 540 hectáreas de bosques deforestados. Al año siguiente, esta cifra disminuyó a 4329 hectáreas, pero para el 2022, aumentó nuevamente hasta 5806 hectáreas y sigue aumentando a lo largo de los últimos dos años.
Este aumento preocupante se atribuye principalmente al cambio de uso de tierras para actividades agropecuarias, siendo la provincia de Condorcanqui la más afectada por la minería ilegal y la tala ilegal para la expansión agrícola.
Frente a este panorama, el Gobierno Regional de Amazonas, a pesar de haber publicado un pronunciamiento rechazando la nueva ley, ha sido criticado por su respuesta considerada insuficiente en comparación con las acciones más activas de otros gobiernos regionales, que incluyen la recolección de firmas y la organización de marchas para demandar la derogación de la ley.
La deforestación, un flagelo que no solo destruye árboles sino la vida misma, requiere de políticas que fortalezcan la conservación y protección ambiental, y no de aquellas que faciliten su explotación.
La voz de la ciudadanía, junto a la de los líderes indígenas y ambientalistas, clama por un cambio de rumbo que garantice la preservación de este invaluable tesoro natural para las presentes y futuras generaciones.
