La nueva normativa establece que los cárteles empresariales serán considerados como delitos graves y se sancionarán con penas privativas de libertad
El proyecto de ley aprobado por el Pleno del Congreso de la República busca fortalecer la labor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en la lucha contra los cárteles empresariales que dañan la economía y afectan a los consumidores.
Es un texto sustitutorio que supera en gran medida las falencias de la Ley 31040 y establece nuevas disposiciones para combatir eficazmente las conductas anticompetitivas más graves.
Indecopi ha saludado la iniciativa y reafirmó su compromiso para promover la competencia en todos los mercados, especialmente en aquellos más relevantes para la economía y el bienestar de los ciudadanos.
En este sentido, la nueva normativa establece que los cárteles empresariales serán considerados como delitos graves y se sancionarán con penas privativas de libertad entre 5 a 10 años, así como multas que podrán alcanzar hasta el 100% de las ventas del producto o servicio afectado.
Otro de los aspectos más importantes de esta nueva normativa es el fortalecimiento del Programa de Clemencia, el cual permite a las empresas colaboradoras con las autoridades de competencia obtener una reducción de la sanción económica o incluso la exoneración de la misma.
La nueva ley establece medidas de protección para los colaboradores, garantizando la reserva de su identidad y la confidencialidad de la información proporcionada.
Cabe recalcar que, un cártel empresarial es un acuerdo secreto entre empresas competidoras para fijar ilegalmente el precio de un bien o servicio, afectando a los consumidores.
Es importante destacar que, la modificación del Código Penal y la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas busca adecuarse a los estándares internacionales y a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo cual permitirá al Perú fortalecer su sistema de competencia y proteger la economía y los derechos de los consumidores.
