En el Perú, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar es un problema alarmante.
A pesar del gran número de denuncias, los docentes acusados suelen recibir sanciones mÃnimas y temporales, o son absueltos por prescripción de los plazos. En el 2022, hubo 183 maestros sentenciados por este delito.
La provincia de Condorcanqui, en la región de Amazonas, es uno de los lugares más afectados por este problema, ya que se han registrado 500 denuncias por acoso sexual de profesores en los últimos cinco años.
En total, se han reportado 6,179 denuncias contra el personal educativo por violencia sexual en los últimos 10 años en todo el paÃs.
Sin embargo, las penalidades impuestas a los acusados suelen ser mÃnimas o se revocan ante el Tribunal de Servir. Esta situación pone en riesgo a niñas, niños y adolescentes no solo en nuestra región, sino a nivel nacional.
La plataforma SÃseVe del Ministerio de Educación reportó casi 1,500 denuncias de violencia sexual en el 2022, la mayorÃa de ellas correspondientes a hostigamiento y tocamientos indebidos.
La responsabilidad de castigar estos actos de violencia recae en las direcciones regionales de educación (DRE) o unidades de gestión educativa (UGEL), pero el proceso suele ser largo y complejo, y puede demorar hasta un año después de ocurrir la denuncia.
El gerente general del Servicio Civil, Alexander Pajuelo, ha señalado que la demora de las UGEL en la sanción perjudica el proceso, y ha destacado la importancia de que el Tribunal de Servir se rija en el cumplimiento de las normas existentes.
Pajuelo ha señalado que se necesita una norma con rango de ley con disposiciones complementarias para poder especificar una ampliación para los casos de violencia sexual.
Es necesario tomar medidas concretas para proteger a los estudiantes de este tipo de violencia, y garantizar que los docentes que cometan estos delitos reciban sanciones justas y efectivas.
Fuente: La República
