Pedro Castillo sostiene que fue amenazado con armas de fuego el día de su detención, argumentando que es un trato inhumano destinado a perjudicar a su familia
En una audiencia reciente, el expresidente Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva por su presunta implicación en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y por una investigación por supuesta organización criminal, alegó haber sido víctima de «tortura» y «maltrato sicológico» en el momento de su detención.
Castillo Terrones presentó estas acusaciones como parte de su recurso de tutela de derechos con el objetivo de anular la investigación en su contra y su detención preventiva por cargos de rebelión y conspiración.
Durante la audiencia, Pedro Castillo expresó que fue amenazado con metralletas el día de su detención. Según sus declaraciones, no solo fue amenazado, sino que también fue apuntado con armas de fuego.
El expresidente afirmó que estas acciones ocurrieron cuando fue intervenido junto a su familia mientras se dirigía a la Embajada de México.
Además, Castillo alegó que estas circunstancias constituyen un trato inhumano y tortuoso, destinado a perjudicar a su familia y llevarlo a una prisión, donde, según él, se le niega el acceso a la luz solar.
Pedro Castillo insistió en que su destitución fue inconstitucional y que su detención fue llevada a cabo de manera irregular, ya que él no había cometido ningún delito en flagrancia. Esto a pesar del mensaje a la nación en el que anunció la disolución del Congreso y otras medidas destinadas a cuestionar otros poderes del Estado.
El abogado de Castillo, Eduardo Pachas, también se pronunció sobre la irregularidad de la detención de su cliente, describiéndola como un acto de «tortura» debido a la presencia de policías armados con fusiles en el momento de la intervención.
Pachas argumentó que apuntar un fusil para amenazar la vida de un individuo y su familia y difundirlo tanto a nivel nacional como internacional debe ser considerado como un acto de tortura.
En respuesta a estas afirmaciones, la fiscal Soledad Meza afirmó que las acciones tomadas el día de la detención de Pedro Castillo, así como la sucesión de procedimientos policiales y legales que llevaron a su captura, estuvieron en conformidad con el Código Procesal Penal, ya que se consideró un acto de flagrancia.
La procuraduría, por su parte, descartó la alegación de tortura, argumentando que las acciones se llevaron a cabo en el contexto de una detención policial que no requería una orden judicial.
La jueza Victoria Montoya Peraldo anunció que emitirá una resolución sobre el recurso de tutela de derechos dentro del plazo legal establecido.
La situación de Pedro Castillo continúa siendo objeto de atención y controversia en Perú, y la audiencia mencionada representa un paso más en el proceso legal en curso.
Fuente: RRP Noticias