Personal policial utilizó sus escudos para cubrir pancartas de la ciudadanía.
La Defensoría del Pueblo ha solicitado a la Región Policial de Amazonas el inicio de una investigación que permita identificar y determinar responsabilidad de la autoridad que habría dado la orden para que, durante la visita que realizó a esta región el presidente de la República, personal policial oculte con sus escudos antimotines una serie de carteles con los que un grupo de personas demandaban una mayor y mejor atención de los servicios de salud ante el incremento de casos de COVID-19.
En las imágenes difundidas a través de las redes sociales, y que también fueron recibidas en la sede defensorial en esta región, se observa a un grupo de agentes policiales levantando sus escudos, aparentemente con el propósito de impedir que el jefe de Estado pueda visualizar una serie de reclamos relacionados con la pandemia, como la falta de plantas de oxígeno y de centros de atención y de aislamiento temporal.
Ante estos sucesos, la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Amazonas, Genoveva Gómez, precisó que si bien la Policía Nacional debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del jefe de Estado y de otros altos funcionarios cuando se despliegan por el territorio nacional, dicha labor no debe colisionar con el derecho de protesta pacífica que tiene la ciudadanía, pues ello constituye a su vez una vulneración al derecho de la libertad de expresión reconocido por el artículo 2°, inciso 4, de la Constitución de 1993.
“La Policía Nacional tiene como función garantizar el orden público bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, pero en ningún momento puede reprimir el derecho a manifestarse libremente, más aún en contextos específicos como el que vivimos, en que gran parte de la población viene sufriendo los estragos de la pandemia”, señaló la representante de la Defensoría del Pueblo en Amazonas en un oficio dirigido al jefe de la Región Policial.
Asimismo, se recalcó sobre la necesidad que en la labor policial prime la protección a la ciudadanía, haciendo uso legítimo de la fuerza pública y la normatividad en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. En este sentido, la Defensoría del Pueblo ha insistido en que se capacite al personal policial de dicha región respecto a los alcances y garantías del derecho a la libertad de expresión, así como sobre los derechos humanos aplicados a la función policial.
Cabe precisar que al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los manifestantes tienen la libertad de elegir la modalidad, forma, lugar y mensaje para llevar a cabo la protesta pacífica, mientras que los actores estatales la obligación de atender el conflicto social a través de los respectivos canales de diálogo y adoptando las medidas necesarias para evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Amazonas se encontrará atenta en aras de defender el derecho a la protesta pacífica que tienen las personas, pero a su vez, exigiendo que este derecho se desarrolle con respeto a la integridad personal, a la propiedad pública y privada y a la propia función policial.
Fuente: Defensoría del Pueblo
