Grupo de trabajo no se reúne desde 2019, lo que impide una labor conjunta en la lucha contra la corrupción a nivel regional.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Amazonas instó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción a liderar la reactivación inmediata de la comisión anticorrupción en esta región, que es presidida por dicha entidad. La medida, se explicó, permitirá establecer estrategias conjuntas entre todos los sectores que permitan una lucha frontal contra este flagelo, especialmente en aspectos vinculados a las áreas más afectadas como consecuencia de la emergencia sanitaria.
Según se pudo conocer, este grupo de trabajo, que se encuentra conformado por el Poder Judicial, Ministerio Público, Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, Gobierno Regional y la Prefectura Regional, no se reúne desde 2019 pese a que su labor es fundamental al constituir un espacio idóneo y efectivo para el intercambio de conocimientos sobre los riesgos y desafíos específicos de la corrupción a nivel regional, así como de su prevención o detección en la gestión pública por medio de la aplicación de las políticas anticorrupción.
Al respecto, la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Amazonas, Genoveva Gómez, resaltó la labor en materia de lucha anticorrupción que debe desarrollarse en esta región, motivo por el cual precisó que una de las primeras tareas de este grupo de trabajo multisectorial debería ser la elaboración e implementación del plan regional anticorrupción. Asimismo, que se deberá actualizar la ordenanza regional de creación de la comisión regional anticorrupción, aprobada en 2013, documento que no está acorde a la normatividad vigente.
“Las comisiones regionales anticorrupción son instancias fundamentales que permiten la adopción de medidas conjuntas entre todos los sectores inmersos en la lucha contra este problema, las mismas que deben estar enmarcadas en la Política y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción”, sostuvo la representante de la Defensoría del Pueblo.
Cabe indicar que, de acuerdo al documento denominado “Cálculo del Tamaño de la Corrupción y la Inconducta Funcional en el Perú: Una Aproximación Exploratoria”, elaborado por la Contraloría General de la República, en la región Amazonas se registró un perjuicio económico de 1 384 925 soles, por presuntos actos de corrupción durante el 2019. A ello deben sumarse las denuncias por presuntos actos de corrupción que comprometen al gobierno regional de Amazonas y a sus diversas dependencias, difundidas en las últimas semanas en los medios de comunicación local.
“Existen motivos suficientes para que se reactive, en el más breve plazo, la Comisión Regional Anticorrupción de Amazonas, toda vez que es un espacio de articulación, diálogo, discusión y análisis sobre hechos que ponen en riesgo la administración de recursos del estado”, remarcó Gómez, quien reiteró el compromiso de la Defensoría del Pueblo en la lucha anticorrupción y en la atención de cualquier queja vinculada a la vulneración de algún derecho. En ese sentido, pidió a la ciudadanía dirigirse al número 944941659 o a través del correo electrónico odamazonas@defensoria.gob.pe.
