La medida busca salvaguardar la seguridad de la población y la infraestructura, manteniendo un trabajo articulado con diversas entidades públicas y privadas
En un esfuerzo conjunto por salvaguardar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, el Gobierno anunció la prórroga del estado de emergencia en varios distritos de la región Amazonas.
Esta decisión se materializó a través de un Decreto Supremo publicado en el boletín de normas legales este jueves 3 de abril.
Según el decreto, los distritos incluidos son Aramango y La Peca de la provincia de Bagua; La Jalca y Magdalena de la provincia de Chachapoyas; San Francisco del Yeso y San Jerónimo de la provincia de Luya; Chirimoto, Mariscal Benavides y Omia de la provincia de Rodríguez de Mendoza; Bagua Grande, Cajaruro y el Milagro de la provincia de Utcubamba.
La medida responde a la amenaza inminente derivada de intensas precipitaciones pluviales proyectadas para el período 2023-2024, así como la posibilidad de la ocurrencia del Fenómeno El Niño.
Con el objetivo de garantizar la protección de la población y la infraestructura, el estado de emergencia se extenderá por un plazo de 60 días a partir del 8 de agosto de 2023.
El Decreto Supremo establece la prórroga en varios distritos de provincias que incluyen Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes.
Esta acción se llevará a cabo bajo la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), con la colaboración de una serie de ministerios y entidades públicas y privadas, entre las que se incluyen el Ministerio de Salud, Educación, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Desarrollo Agrario y Riego, Transportes y Comunicaciones, Trabajo y Promoción del Empleo, Interior, Defensa, y otras.
Las medidas a implementar estarán respaldadas por estudios técnicos y tendrán un enfoque preciso en reducir los riesgos inminentes. A medida que se desarrollen y se presenten nuevas situaciones de seguridad, estas acciones podrán ser ajustadas según lo determinen las entidades competentes.
Es importante destacar que, la financiación para llevar a cabo estas medidas excepcionales provendrá del presupuesto institucional de los pliegos involucrados, evitando así una carga adicional en el Tesoro Público.
