Pleno del Parlamento dio luz verde a una iniciativa que deroga una ley, cuyo objetivo era frenar la explotación de minerales de forma ilegal.
El Pleno del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que busca derogar la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607. Con 78 votos a favor y sin una segunda votación, los legisladores cambiaron la norma dispuesta por el Poder Ejecutivo para que la Policía Nacional del Perú (PNP) enfrente la tenencia ilegal de explosivos en personas cuya inscripción permanece suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Para que esta norma sea aprobada, nueve bancadas firmaron un acta, que permitió que no se apruebe un dictamen en la comisión y se discuta directamente en el Pleno del miércoles 13 de marzo.
En este debate, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Segundo Quiroz, aseguró que la disposición que modificaron impedía la formalización de la pequeña minería y minería artesanal.
Aseguró que el objetivo del Parlamento, al otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo, no es penalizar la extracción de minerales.
“Además, el plazo de vigencia del proceso de formalización minera culmina el 31 de diciembre del 2024 (…) Asimismo, de los 87.146 mineros inscritos en el Reinfo, solo el 21% tiene inscripción vigente y el 79% restante tiene sus inscripciones suspendidas“, dijo Quiroz.
Respecto a la norma, cabe mencionar que, antes de que se ejecute el cambio del Congreso, los efectivos policiales tomaban medidas en contra de la tenencia ilegal de objetos que permite la explotación de minerales, de forma ilegal. Ahora, con la modificación, las personas que se encontraban en el REINFO ya no figurarán ahí, luego de que la PNP se lo comunique al Ministerio de Energía y Minas.
“Las personas que se encuentran en el supuesto antes mencionado, dejan de formar parte del REINFO de forma automática con la comunicación que efectúa la Policía Nacional de Perú al Ministerio de Energía y Minas acreditada con las actas o documentos de sustento”, se lee en la disposición aprobada por el Congreso.
Con esta derogación, existe un plazo de 90 días para que todos los mineros informales acrediten el permiso del poseedor de la minera.
Para el congresista Quiroz, era necesario aprobar esta norma, ya que actualmente mineros habían solicitado permisos para protestar en todo el país. Su objetivo era pedir ante el Parlamento que se facilite su formalización al modificar la medida aprobada por el Ejecutivo.
Al respecto, en Amazonas la minería ilegal es uno de los problemas más resaltantes de la región, ya que, al menos 12 volquetes con oro ilegal salen del Perú a Ecuador a diario por El Cenepa.
El presidente de la Federación de las comunidades Awajun del Río Santiago, Eliseo Chumbe Kiak, advirtió que las acciones de interdicción están provocando un daño irreparable al ecosistema local.
Las dimensiones del impacto son alarmantes, debido a que 22 ríos amazónicos están experimentando consecuencias negativas debido a la minería ilegal, con nombres destacados como Marañón, Huallaga, Santiago, Nanay, Napo, Inambari y Putumayo. El 91% de los casos involucra la extracción de oro, a menudo utilizando dragas de distintos tamaños en los cuerpos de agua.
