Más del 88% de personas con discapacidad en edad escolar no se encuentran matriculados en el sistema educativo.
Durante el presente año, la Defensoría del Pueblo supervisó 779 instituciones educativas, públicas y privadas, a nivel nacional para verificar si se viene implementando la política de educación inclusiva e identificar las barreras existentes en los servicios educativos para estudiantes con discapacidad y con otras necesidades educativas. Una de las conclusiones da cuenta que solo 90 mil 490 de 756 mil 499 estudiantes con discapacidad se encuentran dentro del sistema educativo.
Asimismo, se constató que el Programa Presupuestal 106 “Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva” (PP. 106) del Ministerio de Educación (Minedu), representa solo el 0.62% del total del sector educación y se ejecuta, principalmente, en el sistema de Educación Básica Especial que no responde a una inclusión.
Más adelante, la jefa del Programa de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Malena Pineda, indicó que solo el 0.7% de los locales educativos son accesibles para personas con discapacidad. Solo el 30.8% de las instituciones educativas en el Perú cuenta con servicios básicos de luz, agua y desagüe; situación que se agrava en el sector rural donde solo el 13.8% cuenta con los tres servicios básicos.
También se informó que el 80,26% de instituciones educativas de Educación Básica Regular no tienen estudiantes con necesidades educativas especiales. Se constató que existen 246 equipos Saanee a nivel nacional y un total de 1048 profesionales, de los cuales el 40.83% se encuentra en Lima; las regiones más pobres, como Madre de Dios y Amazonas, cuentan con escasos profesionales y equipos Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE).
El Informe de la Defensoría del Pueblo también señala que, el 95% de las instituciones educativas públicas a nivel nacional no recibieron durante el presente año escolar, materiales para la enseñanza a estudiantes con discapacidad. Agrega que, el 60% de las Direcciones Regionales y Locales de Educación manifestaron que la falta de capacitación docente es uno de los principales factores que limitan la implementación de la educación inclusiva, a pesar de que la norma de educación inclusiva se dio en el 2003.
Frente a estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Educación diseñar e implementar un Plan Sectorial de Educación Inclusiva con atención a la diversidad, bajo el liderazgo y coordinación de la Dirección General de Educación Básica Regular, que oriente la gestión educativa descentralizada del Sector Educación en materia de educación inclusiva, con metas e indicadores medibles de corto, mediano y largo plazo, y que cuente con el presupuesto suficiente para su adecuada ejecución.
Asimismo, se recomienda brindar lineamientos de orientación básicos a las instituciones educativas públicos y privadas en educación inclusiva con atención a la diversidad y disponer las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a fin de que éste apruebe un Programa de Presupuestal específico para la “Atención de la diversidad de las niñas, niños y jóvenes en la Educación Básica Regular”.
