Grupo de trabajo del Ejecutivo estableció que, entre el 1 de marzo del 2020 y el 22 de mayo último, hubo 180.764 muertos. La mayoría de víctimas tenía 60 años a más. Lima concentra el 46% del total de decesos.
Este comité fue constituido en abril y estuvo conformado por especialistas de la sociedad civil (entre ellos, Mateo Prochazka, Ragi Burhum y Patrick Wieghardt), de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como por funcionarios del sector Salud y la PCM.
En conferencia de prensa, la primera ministra Violeta Bermúdez explicó que estas cifras actualizadas, si bien “nos causan un profundo dolor”, son producto de una labor exhaustiva y “serán de gran utilidad para monitorear la pandemia y tomar las medidas más adecuadas”.
Hacia la cifra actual
El grupo de trabajo propuso que el reporte de fallecidos por la pandemia se elabore bajo la definición de caso “muerte por COVID-19”, con la cual se deben cumplir al menos uno de siete criterios técnicos establecidos. Tras la vinculación de registros y la eliminación de duplicados, como se señala en el informe, se identificaron a 180.764 muertes por COVID-19 (así se sumaron 111.422 al reporte oficial del Minsa). De ese total, 89.884 ocurrieron durante la primera ola, y 90.880 en la segunda ola (hasta el 22 de mayo).
Asimismo, el 70% de las víctimas eran adultos mayores (de 60 años a más). Respecto a la región donde fueron reportados, 83.121 fallecimientos corresponden a Lima (46%); le siguieron Piura (6%), Callao (5,2%), La Libertad (5,1%), Lambayeque (4,2%), Ica (4,1%), Arequipa (3,9%), Áncash y Junín (3,3%).
El ministro de Salud, Óscar Ugarte, explicó que el Estado “asumirá las recomendaciones planteadas”, lo que incluye oficializar la cifra actualizada e implementar la metodología propuesta de los nuevos criterios con una resolución ministerial.
Además, anunció que se constituirá una comisión para que investigue los motivos por los que el Ejecutivo, entre el 2020 y el 2021, no aceptó las solicitudes presentadas por el CDC para actualizar el número de fallecidos.
Desfase y criterios
Según el informe al que accedió El Comercio, el GTT identificó que el Estado tenía dos sistemas de información para el registro de fallecidos: el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (NOTI), que recoge datos de las oficinas de Epidemiología de cada establecimiento de salud; y el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), donde se registran los certificados de defunción por toda causa.
No obstante, en ambos se evidenció que los reportes se veían afectados por limitaciones del personal de salud, un número elevado de defunciones “en momentos de mayor actividad de la pandemia”, demoras en resultados de exámenes de laboratorio, entre otras razones.
Actualmente, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), entidad del Minsa, elabora un reporte diario de los fallecimientos a través de la vinculación de las diferentes bases de datos: además del NOTI y el Sinadef, se utiliza NetLaB (donde se registran los resultados de las pruebas moleculares) y el SiCOVID-19 (pruebas serológicas y de antígeno).
Es decir, solo se contabilizaban los decesos con diagnóstico confirmado, lo que provocaba un desface (hasta el domingo, el Minsa reportó 69.342 muertes confirmadas por el COVID-19).
Fuente: El Comercio
