Leimebamba: Sentencian a nueve años de prisión efectiva a exalcalde

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El ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Leimebamba, Laines Silva Vigo, junto con otros tres implicados, ha sido condenado a nueve años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada.

El Juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Chachapoyas emitió la sentencia condenatoria hoy 30 de enero, imponiendo una pena de nueve años de privación de libertad, así como la obligación de cancelar la reparación civil y las multas establecidas por la autoridad judicial.

Saira Rosa López Yalta, ex tesorera de la entidad, Dennise Wilson Lalopu, residente de obra, y Rosa Analy Zumaeta López, contratista, también recibirán la misma pena.

Además, deberán abonar la suma de 50 mil soles como reparación civil, cantidad respaldada en el juicio por la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Amazonas, junto con el pago de días multas determinados por la autoridad judicial.

La sentencia se deriva de irregularidades señaladas en el Informe de Control Específico N° 20-2021-2-0328-SCE del 22 de diciembre de 2021, emitido por la Contraloría General de la República.

Este informe revela anomalías en la ejecución del proyecto “Creación de escalinatas en piedra y acondicionamiento turístico del sector Tayapata y el Jr. Daniel Alcides Carrión de la localidad de Palmira del distrito de Leimebamba“.

Dichas irregularidades están relacionadas con la adquisición de piedra seleccionada y habilitada para el proyecto, beneficiando a la empresa Connexo Contratistas Generales SAC, representada por Rosa Analy Zumaeta López.

La investigación, liderada por el Fiscal Adjunto Provincial Jhordy Torres Campos y respaldada en juicio por la Fiscal Provincial Araceli Verónica Clavo Guevara, de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Chachapoyas, se centró en demostrar la colusión agravada de los acusados.

El Juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Chachapoyas emitió la sentencia condenatoria, imponiendo la pena de 9 años de privación de libertad, así como la obligación de cancelar la reparación civil y las multas establecidas por la autoridad judicial.

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