Iniciativa busca impulsar programas de educación superior en cárceles del Perú

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La SUNEDU, MINEDU, INPE y MINJUS comenzaron a trabajar de manera articulada para impulsar la educación superior en las cárceles de todo el país

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y el Ministerio de Educación (MINEDU), en colaboración con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia (MINJUS), han puesto en marcha reuniones de trabajar para elaborar programas de educación superior en cárceles de todo el país.

Este proyecto surge en respuesta a la reciente aprobación de la Ley N° 31840 el pasado 20 de julio, que busca promover y facilitar el acceso a la educación superior para las personas privadas de libertad.

En cumplimiento de esta directriz legal, representantes de las cuatro instituciones se han unido para diseñar y aprobar, en un plazo de 90 días, programas especiales de educación superior que permitan a los internos obtener grados académicos.

En el transcurso de varias reuniones de trabajo, los equipos técnicos y jurídicos de la SUNEDU, MINEDU, INPE y MINJUS han colaborado para sentar las bases normativas que regirán la implementación de estos programas educativos.

En estas reuniones se han abordado cuestiones cruciales, tales como la exoneración de requisitos de presencialidad previstos en la Ley Universitaria, la creación de nuevos programas académicos en conformidad con la Ley N° 31520 y el Acuerdo N° 001-026-2023 del Consejo Directivo de SUNEDU.

Uno de los elementos fundamentales en este proceso fue la contribución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que ha proporcionado información esencial sobre la población carcelaria. Estadísticas relacionadas con el nivel educativo, las preferencias académicas y las aspiraciones profesionales de los internos han sido recopiladas y compartidas, enriqueciendo así la planificación y adecuación de los programas de educación superior.

Con este esfuerzo conjunto y un enfoque decidido en el cumplimiento de los plazos y objetivos establecidos por la legislación, se espera que la educación superior en cárceles no solo contribuya a la transformación de vidas, sino también a la reducción de la reincidencia delictiva y la creación de oportunidades genuinas de reintegración social.

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